La
actual Administración tiene el ineludible e impostergable DEBER de convocar a
los representantes de los ciudadanos postergados, restablecer con ellos el
Derecho, (apelado) hasta hoy
denegado, encarar un Plan de ajustes y reintegros, basado en actualizaciones y
retroactividades.
El
Estado a través de la Administración de turno es el sujeto ejemplarizador del
cumplimiento del mandato de los Jueces, si así no fuera, el ciudadano común se
arrogaría ese mismo Derecho de Impunidad, negándose al cumplimiento de sus
obligaciones para con el Estado, quebrando un régimen de derechos y
obligaciones de un sistema civilizado.
No
se puede postergar lo impostergable, ya no se cree en los decretos de necesidad
y urgencia que motivaron la apelación, la falta de los recursos (argumentada)
para las posibles soluciones, aparecen para gastos superfluos que sería
demasiado extenso de enumerar.
Si
los Jueces se expresan a través de sus fallos, actualmente, deberíamos pensar
que sus Sentencias tendrían implicancias políticas, entonces descreeremos de
la Administración de Justicia, de los Principios de Libertad e Igualdad, la
Balanza y la Venda que simbólicamente porta cada Juez como atributos de
Imparcialidad.
El
Imperio de La Justicia es el principio y basamento de toda Sociedad Civilizada
que se precie de tal, que convive bajo la Ley y el Orden, mientras se mantenga
el equilibrio de Poderes, pero si uno o mas de ellos, haciendo abuso de la
Autoridad de la cual están investidos, sus actos se verán en desmedro de su
propia Autoridad.
