América
Latina dejaría de ser un conjunto de adolescentes para convertirse en uno de
personas maduras en vías de avejentarse. Es
aún un continente joven. El 44% de
su población tiene menos de 20 años. Mientras,
los mayores de 60 años representan 4,9%.
La
región se puede dividir en cinco grupos. El
primero presenta un elevado índice de gente con más de 65 años que originaría
un proceso de envejecimiento ininterrumpido. Argentina y Uruguay componen ese estrato.
Esa
tendencia desata un conflicto en estas naciones en desarrollo. El sustento de su tercera edad recae – en forma casi exclusiva- en un
Estado deprimido y escaso de recursos.
Toda
innovación en Argentina tiene, tarde o temprano, su contrapartida en la otra
orilla del Plata. El sistema
provisional de
capitalización no fue una excepción.
El
nuevo Sistema Previsional del Uruguay se basa en un régimen mixto de Reparto y
Capitalización Individual, llamados respectivamente: Régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional y Régimen de
jubilación por ahorro individual obligatorio.
El
primero es administrado por el Banco de
Previsión Social (quien tiene el cometido de coordinar los servicios
estatales de Previsión Social y organizar la Seguridad Social) y el segundo por
empresas privadas -aún cuando una de ellas es de propiedad estatal al igual que
en la Argentina- denominadas administradoras
de Fondos de Ahorro Previsional
(AFAP).
En
el mecanismo de incorporación al Nuevo Sistema, podemos encontrar la primera
diferencia entre este Sistema y el Argentino; en Uruguay se establecen dos
franjas de edades para incorporarse al nuevo régimen Jubilatorio: los menores de 40 años y quienes ingresen o se reincorporen al mercado
laboral deben optar por una AFAP Mientras que, por otra aparte, quienes tengan más
de 40 años podían optar hasta el mes de Diciembre de 1996, por quedar
incorporados en el Nuevo Sistema o quedar en un Régimen de transición, que en
definitiva es optar por el viejo Régimen de Reparto.
Los
sueldos son el segundo elemento que rompen el paralelismo entre ese sistema y el
argentino. La norma uruguaya
estipula una diferenciación de acuerdo con los ingresos. Este elemento ni siquiera se considera en Argentina.
La
población económicamente activa (PEA) del Uruguay está dividida en tres
niveles. El primero fija una pensión
solidaria intergeneracional y comprende hasta los 5.000 pesos uruguayos. Estas prestaciones se financian por medio de contribuciones patronales,
personales y estatales.
El
segundo estadio se compone de las pensiones por ahorro individual obligatorio. Se conforma de los salarlos entre 5.000 y 15.000 pesos. Sus beneficios se costean de modo exclusivo con los ahorros de las
cuentas individuales.
El
tercer nivel es el de la capitalización voluntaria. Incluye los sueldos superiores a 15.000 pesos.
Las
comisiones totales que se cobran oscilan entre 2,8% y 3,1%.
