Dos hechos paralelos
alimentan ese mito. Uno de esos hechos es el reconocimiento, cada vez más claro,
del gran número de ciudadanos que en este milenio vivirán hasta edades más
avanzadas.
El segundo mayor hincapié que se está haciendo en las fuerzas del
mercado en casi todo el mundo, y el debate conexo sobre el papel adecuado del
estado, a la hora de brindarles a sus ciudadanos ingresos seguros y atención de
salud.
En muchos países, más los industrializados, existe una preocupación
creciente frente a los niveles de gasto del estado en la esfera de la protección
social, y se debate si los costos correspondientes se pudiesen reducir abriendo
más la protección social a la competencia del sector privado.
Es de lamentar que
este debate mundial ha puesto énfasis en el costo que representa para la
sociedad el suministro de pensiones y atención de salud a los adultos mayores,
en lugar de ponerlo en los aportes económicos constantes y sustanciales que los
ciudadanos de edad más avanzada hacen a la sociedad, y ha dado lugar difundiendo
este mito; sin embargo, los hechos demuestran que ello no es reflejo fiel de la
realidad.
Hay que tener en cuenta dos aspectos importantes: el trabajo y la
protección brindada por las pensiones públicas.
Los adultos mayores
trabajan
La mayoría de las personas de edad, en todo el mundo, siguen
trabajando con o sin remuneración, haciendo aporte sustancial a la prosperidad
económica de sus comunidades. No hay ninguna base económica ni biológica para la
jubilación a una edad fija, con el promedio entre 60 y 65 años en los países
desarrollados.
En realidad, en las economías nacionales, en las que predomina la
agricultura, la mayoría de los adultos mayores, tanto hombres como mujeres,
siguen trabajando en la producción agrícola hasta estar físicamente incapaces de
realizar sus tareas, hecho que a menudo ocurre en una etapa muy avanzada de la
vida.
A su vez, en las sociedades desarrolladas, se reconoce cada vez más ampliamente,
que los adultos mayores deben tener plena libertad para trabajar todo el tiempo
que deseen.
La edad no debería impedir
ni obstaculizar en modo alguno los afanes de una persona para conseguir trabajo,
debiendo reconocerse y recompensarse los beneficios de la edad.
En épocas de gran desempleo
se ha hecho fácil alentar a las personas a dejar su empleo remunerado, a fin de
liberar puestos para individuos más jóvenes que buscan trabajo; sin embargo, se
ha investigado que la realidad del mercado laboral es mucho más compleja y que
el retiro temprano no se traduce necesariamente en puestos para los jóvenes,
quienes pueden carecer de adiestramiento o las aptitudes necesarias para
reemplazar al adulto mayor.
De hecho, los trabajadores experimentados de más
edad, resultan necesarios para el mantenimiento de la productividad y para que
los empleadores y clientes puedan contar con la estabilidad de fuerza laboral.
Las pensiones protegen
contra la pobreza
Hoy muchos adultos mayores cuentan con planes de pensión que
protegen de la pobreza, y el crecimiento de esos planes de retiro se relaciona
con la industrialización de las economías, la urbanización de los vínculos
familiares tradicionales, y representan un enfoque colectivo para permitirles
compartir recursos a las personas en edad laboral y los que ya se han retirado.
La seguridad de ingresos preocupa no solo a las personas de edad, también a sus
familiares, en muchos países en desarrollo se ha dado el carácter de crítico al
problema de la pobreza en los adultos mayores, mientras que antaño las familias
estaban dispuestas a cuidar de sus mayores y aún en condiciones de hacerlo hoy,
el mundo cambiante limita sus posibilidades para asumir esas funciones
tradicionales.
Invertir en una población
que envejece significa:
-
Programas de aprendizaje a
lo largo de toda la vida, para aumentar las posibilidades de que los adultos
mayores consigan empleo. -
Eliminación de la
discriminación por razones de edad en el lugar de trabajo. -
Promoción de políticas que
garanticen la seguridad de ingresos, para ofrecer una protección económica
adecuada a los adultos mayores, a través de planes de pensión públicas y
privadas fiables. -
Acceso a una atención de
salud adecuada para prevenir la pobreza debida a la mala salud. -
Adaptación de las
políticas de pensiones, para aumentar al máximo las posibilidades de elección
individuales y la flexibilidad del mercado laboral.
Muchos decenios de
experiencia en materia de seguridad social en Europa, América del Norte,
Australia, y otros países, demuestran que un enfoque colectivo para brindar
ingresos seguros y atención de salud a los adultos mayores se han implementado
con un buen funcionamiento.
Se calcula que en muchas sociedades
industrializadas, más de la mitad de los adultos mayores caerían en la pobreza
si no contaran con las prestaciones de las pensiones públicas.
La experiencia
reciente también ha puesto de relieve la necesidad constante de adaptar y
reajustar dichos programas, en función de condiciones socio-económicas
cambiantes, como ejemplo, la edad para jubilarse, las prestaciones, etc., la
capacidad de los programas de retiro se verían amenazadas.
La experiencia del
siglo XX, en cuanto a la protección en el ámbito de la seguridad social,
demuestra la importancia entre el nivel de ingresos y la salud.
La pobreza se
relaciona con la mala salud, que junto con la incapacidad, constituye amenaza
principal para la seguridad de ingresos en muchos países en desarrollo, donde la
nutrición deficiente y las malas condiciones de vida, dejan a muchas personas en
estado de demasiada debilidad, como para tener un volumen de producción
suficiente para satisfacer sus necesidades de subsistencia.
El acceso a la atención de
salud es fundamental para ayudar a los trabajadores a recuperar su capacidad
laboral y asegurarse de que los niños crezcan para convertirse en adultos sanos,
capaces de participar productivamente en la sociedad.
Por consiguiente, las
políticas de salud, deben adoptar un enfoque basado en el ciclo de vida, que se
enfrente a los problemas de salud desde su comienzo, permitiendo así que las
personas envejezcan sin discapacidades ni enfermedades crónicas.
El número
creciente de personas de edad que esperan recibir atención de salud y pensiones
por vejez no debe ser visto como amenaza o crisis, sino que, más bien,
representa una oportunidad para formular políticas que en el futuro puedan
asegurar niveles de vida dignos para todos los miembros de la sociedad, tanto
jóvenes como adultos mayores.
Los países deben establecer marcos estratégicos
para la coordinación de reformas de salud, sociales y económicas y para aumentar
el nivel de comprensión del público sobre las elecciones que hay que hacer en
cuanto a políticas.
El reto más grande que se les plantea a las sociedades
actuales no radica en el envejecimiento de las poblaciones, sino precisamente,
en la necesidad de analizar y realizar cambios pertinentes en las políticas
sanitarias, sociales y económicas.
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