Los indicadores de solvencia reflejan la capacidad de la empresa para atender las obligaciones representadas en cargas fijas por concepto de intereses y demás gastos financieros, producto de sus obligaciones con­trac­tua­les a corto y largo plazo, así como el reembolso oportuno del monto adeudado.
Lo anterior quiere decir que la pro­porción de deuda y la magnitud de los costos fijos que de ella se derivan son indicadores de las probabilidades de quiebra de una empresa por insolvencia y del riesgo que asumen los inversionistas, dada la variabilidad de las utilidades espera­das y que constituyen su rendimiento.

Las empresas se endeudan por muchas razones. La principal radica en que el endeudamiento puede resultar más barato que la financiación pro­pia pues, por norma general, los inversionistas exigen una retribución mayor (de otra manera, preferirían ser acreedores y no inversionistas), ya que dentro de dicha retribución debe estar incorporado el costo de la financiación. En otras palabras, el rendimiento que se paga a los acree­dores es fijo, en cambio es variable en el caso de los socios o accionistas. Con un sencillo ejemplo, la anterior afirmación puede comprenderse de una mejor manera. Supóngase una compañía con unos activos totales equivalentes a un millón de pesos, los cuales pueden ser financiados con recursos propios, mediante financiación externa o con una combinación de ambas fuentes. Si también se supone una utilidad antes de intereses de 400 mil pesos, una tasa de interés del 30 por ciento y, para simplificar, la no existencia de impuesto sobre la renta, se tendría:

 
De donde puede observarse que en la medida en que la deuda sea mayor, también será más alta la rentabilidad de los inversionistas con rela­ción al capital aportado. Por esta circunstancia, se afirma que el costo de financiación por medio de deuda es menor al costo de los recursos propios, dada su variabilidad en éste último caso.

Otra razón para el endeudamiento es la deducibilidad de los intereses, que puede producir, a través del menor impuesto que se paga en uso de dicha prerrogativa, una generación importante de recursos inter­nos para futura financiación propia de sus operaciones; siempre y cuando dicho menor impuesto, causado por el uso de la deducción proveniente de los gastos financieros, sea retenido de las utilidades netas, para evitar que los recursos así generados se distribuyan implícitamente a los accionistas. Por ejemplo, si una compañía se financia 100 por ciento con recursos propios (empresa X) y otra empresa lo hace en partes iguales (empresa Y), se tendría:

Situación que señala un menor gravamen de $52.500, producto de aplicar la tasa de impuestos (35 por ciento) al monto de intereses causados ($150.000), lo cuál significa que el estado subsidia —de cierta manera— el costo de la financiación externa obtenida por los entes económicos.

Bajo una óptica de planeación estratégica, la empresa no debería distribuir este menor impuesto ($52.500), sino retenerlo bajo la figura de reserva voluntaria, para ser acumulado y, posteriormente, utilizado en nuevos planes de inversión.

Sin embargo, esta ventaja se ha perdido en algunos países como Colombia, con la imple­men­tación del siste­ma integral de ajustes por inflación que grava, precisa­mente, el endeuda­mien­to en pesos nominales, o sea grava la ganancia que se obtiene al registrar deudas que serán pagadas, en el futuro, en pesos con menor poder adquisitivo.

Para evaluar los riesgos explicados anteriormente y las posibilidades de atender los pasivos a largo plazo existen algunos indicadores financieros, como los que se estudian a continuación.